Por Antonio Espinoza, socio del Club de Ejecutivos del Paraguay.
El presidente Lincoln, en su discurso en Gettysburg en 1863, delineó el concepto de la democracia declarando que el gobierno de su país era “del pueblo, para el pueblo, por el pueblo”. Con menos vuelo retórico, pero mayor precisión, el profesor Yascha Mounk de Harvard define la democracia como un sistema de gobierno que traduce la voluntad del pueblo en políticas públicas. Sencillos y seductores conceptos. La realidad es más compleja.
Persiste el mito que la más perfecta expresión de la democracia fue la de Grecia clásica, con decisiones tomadas en asambleas por voto directo del pueblo. Allí resolvían no solo cuestiones como crear impuestos, declarar guerras o construir embarcaciones, sino también dirimían causas penales y condenas. El detalle es que el “demos” era bien restringido: solo participaban varones terratenientes, alrededor del 10% de la población adulta, más parecido a una oligarquía que a un verdadero gobierno del pueblo. Las determinaciones tampoco eran siempre de las mejores, condicionadas muchas veces por las pasiones del momento, y resultando en lamentables fallos como la condena a muerte del filósofo Sócrates.
Con el creciente tamaño y complejidad de los estados, la democracia directa cedió paso a democracias representativas, en las cuales el pueblo elige gobernantes y representantes parlamentarios cuya función es traducir la voluntad de los electores en políticas públicas. Esa, al menos, es la teoría. En la práctica, en muchos casos –y con honrosas y ejemplares excepciones– los políticos, una vez electos, priorizan asegurar su continuidad en el poder, y a esa causa destinan sus mejores esfuerzos. Para ello están dispuestos a legislar a favor de influyentes intereses económicos, y comprometer las finanzas públicas en repartijas y asistencialismos prebendarios.
Así, gobiernos democráticamente electos, si su poder es irrestricto, con frecuencia se degeneran pasando de ser gobiernos del pueblo a regímenes demagógicos, populistas y autoritarios, que desquician las finanzas públicas, pisotean las libertades individuales y soslayan los derechos de las minorías. De esto tenemos vivos ejemplos en nuestro vecindario.
Los próceres de la independencia norteamericana habían sufrido en carne propia los abusos del parlamento británico, y se esmeraron en proyectar una Constitución que limite las facultades arbitrarias de las autoridades electas, creando un entonces novedoso modelo de poder judicial independiente, con poderes suficientes para anular leyes emanadas del Congreso si consideraba que lesionaban los derechos consagrados en la Constitución. Así, nueve magistrados vitalicios, no electos sino designados, tienen poderes superiores a los del Congreso y presidente democráticamente electos por el pueblo.
De la misma manera, para evitar la injerencia de los políticos en la gestión de la política monetaria, la mayoría de los países desarrollados han otorgado autonomía a sus bancos centrales, que tienen la responsabilidad proteger el poder adquisitivo de la moneda y favorecer el crecimiento económico. Manejados por tecnócratas nombrados, deciden temas tan delicados como la fijación de tasas de interés y la política cambiaria, sin referencia a los representantes del pueblo.
Estas instituciones oficiales independientes, con poderes extraordinarios no sujetos al control político y democrático directo, han demostrado ser baluartes de las democracias, limitando las oportunidades de abuso y el riesgo de deriva hacia regímenes viciados que acaban llevando a sus países al atraso y la miseria.
Por eso, en vísperas de un nuevo gobierno, y una probable reforma constitucional, debemos recordar que las democracias son imperfectas, y que para su sobrevivencia requieren de instituciones fuertes y resistentes a los fanatismos y las modas electorales pasajeras. Aprovechemos esta oportunidad para fortalecer y blindar estas instituciones, y así afianzar el futuro democrático de nuestro país.
Artículo publicado el 4 de junio de 2018 en Última Hora